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Discapacidad y deuda eterna de los gobiernos

Discapacidad y deuda eterna de los gobiernos

De la misma forma que se abandona a un perro, el Estado no se hace cargo de sus obligaciones

Negocios, negocios, y más negocios rondan en las puertas de la gloria que sienten anticipadamente algunos de los responsables de la dirección de un país. Se paran frente a un estrado a dar un discurso con sus palabras sin contenido cierto de lo que verdaderamente van a realizar cuando sean gobierno en materia de asistencia social. Es como si ya supieran de los imposibles que resultan las políticas que no generan ganancias.

Hablan hasta las lágrimas de los conceptos que versan en la realidad social de una cierta cantidad de ciudadanos que sufren parados frente a un destino que sin pedir permiso los castiga como a esclavos.

Cierran sus ojos y levantan sus manos como implorando justicia a los impedidos y se llenan las arcas de su orgullo cuando sienten los aplausos de la concurrencia. Con actitud consternada se dan vuelta y piden un vaso de agua, sus palabras lo dejaron falsamente sin aliento haciendo referencia a las personas con discapacidad, faltando el mismísimo respeto al usarlos como muletilla de campaña.

Sí, sí, quién está en condiciones de negar las palabras vertidas en el presente sin poder callar la vaga idea de lo que realmente se ha escuchado alguna vez. Cuántas veces se fue testigo de caras y caretas en actos y reuniones, en hospitales y fundaciones, cuántas veces.

Solamente pedimos disculpas por aquellos que mucho hacen, pero debemos tener presente a los que se olvidan cuando llegan que esas mismas personas con discapacidad que ellos ilusionaron se han quedado esperando las respuestas.

Hoy, al igual que ayer, una persona con discapacidad en argentina es un objeto que respira para quienes tiene la obligación de atenderlo, protegerlo y brindarle todo lo necesario y mucho más. Se olvidaron de una parte de la sociedad, del casi 8% de la población, se olvidaron que 1 de cada 5 hogares en argentina hay una persona con discapacidad. Es más, en el último censo es una vergüenza la política que se tomó para realizarlo en relación al tema. Se utilizaron tres planillas diferentes donde solamente en una se hacía la pregunta si en el hogar había un discapacitado y de ahí desprender la asistencia social que recibía. Y que nadie salga a decir que si en el hogar había una persona con discapacidad y la planilla no hacía referencia, iban a buscar la otra planilla, porque eso no se vio, y desde ya que Ética y Moral tiene las pruebas.

Tratar de sacar un crédito bancario siendo discapacitado es dar cuenta que la valoración humana también tiene códigos por la condición, ya que las compañías de seguro de los bancos toman al discapacitado hasta cierta cantidad de dinero, pues si se pretende hablar de más dinero no es loable que lo otorguen, ya que según la legislación interna “una persona con discapacidad no tiene garantías de vida”, por lo tanto no se le otorga seguro de vida por ciertas sumas de dinero. Lo peor, es que la propia Superintendencia de Seguros de la Nación es conocedora del tema y lo avala. No importa la discapacidad, no importa la edad, no les interesa los grados, solamente se fijan si tiene certificado de discapacidad y si lo tiene… es hombre inútil para el Estado y ciertas normas.

La INADI es un organismo que soluciona los problemas frente a la discriminación pero el Estado no da garantías. El Estado es el primero en discriminar, es el primero en dar el paso a desvalorizar a los inválidos o personas con facultades diferentes. El Estado es el primer responsable en permitir que compañías privadas tengan en su ordenamiento interno, reglas que atentan contra la propia Constitución Nacional. Acaso todos los bancos cumplen con la Ley de accesibilidad?

Y quién es el responsable de dar prestación médica a una persona con discapacidad? Sí, también el Estado, pero sería bueno encontrar seriedad y validez en las palabras de las autoridades encargadas de cumplir con lo que la Ley establece. No por capricho los tribunales están llenos de recursos de amparo de personas con discapacidad.

Pareciera que ”sentido común” es el nombre y apellido de alguien desaparecido. Y que nadie ya lo sigue buscando porque no pueden dar con él. Ya no saben ni cómo es.

Ahora se obliga a las prepagas a que tomen a personas con discapacidad, pues no es otra cosa que una nueva manipulación. En cierta forma el Estado tira la pelota afuera y de esa manera se saca parte del peso y de algo que no genera ganancias. El Estado, deriva el problema a las manos privadas, cuando las leyes, la propia Constitución y los acuerdos Internacionales le dan la obligación al Estado a cumplimentar con los requerimientos necesarios para dichas personas.

Jubilados por invalidez del Estado que frente a la ausencia de una prestación médica siente la obligación de asociarse a una prepaga para que reciba lo que en definitiva ni siquiera tendría que pedir. Son actos delictivos que la justicia en muchas ocasiones no ve, y si lo ve tarda años en hacer respetar. El abandono de persona en argentina está legalizado, pero se pretende luchar contra la violación de los derechos humanos.

Durante años hemos tenido dirigencia política carente de sentido, de humanidad y de criterio. Pensaron siempre en sus anhelos de ser “señores” del mundo político y en muchos casos, ni dar la cara puede ya que terminaron siendo diplomados en corrupción.

El 39,5% de las personas con discapacidad son matrices, pero recién hace algunos años gracias el accionar de algunas ONG y fundaciones civiles se ha comenzado a reestructurar algunos puntos de ciudades cumpliendo la Ley de Accesibilidad. Así y todo, se sigue teniendo municipios que habilitan construcciones con barreras arquitectónicas para los problemas de motricidad.

Servicios públicos con rampas, pero el estado no castiga a quienes las tienen en mal estado. Estaciones ferroviarias que limitan su acceso y nadie hace nada. Escuelas que no toman a niños discapacitados. Empleadores que no integran a personas con discapacidad a sus empresas, a pesar de recibir beneficios fiscales por ello. El propio estado que no cumple con el 4% determinado por Ley en personal con discapacidad. Sí, es sabido que algunos cumplen y otros cuidan a las personas con discapacidad como corresponde, pero son muy pocos y por iniciativa privada, pero no por obligación del Estado.

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